¿Puede un multimillonario fundar un país con leyes propias?

El 19 de junio de 1946, la Cámara de los Lores británica debatió un acuerdo empresarial: la Compañía Británica de Borneo del Norte iba a renunciar a su derecho a gobernar un territorio. Sus accionistas votarían el acuerdo la semana siguiente. Pero ¿quién había preguntado a las personas que vivían allí?

El vizconde Cranborne quiso saber si se había consultado a los habitantes. El ministro lord Winster mencionó a representantes que habían visitado la zona, pero no supo explicar cómo se había recabado la opinión del resto de la población. El acta parlamentaria conserva su respuesta:

No estoy en condiciones de decir en qué conversaciones o consultas ha basado su opinión el responsable principal de Asuntos Civiles de Borneo del Norte.

Los accionistas tenían una reunión convocada. Sobre los habitantes solo había una afirmación hecha en su nombre.

A quien hoy aspire a fundar un país con su fortuna, aquella conversación le plantea dos preguntas: ¿quién concede la facultad de gobernar y qué ocurre cuando el acuerdo que la sustenta empieza a desmoronarse?

Respuesta breve: Un multimillonario puede comprar terrenos y, con el consentimiento de un Estado, impulsar una ciudad o un territorio con competencias especiales y ciertas normas propias. Pero comprar tierra no basta para crear un país soberano. Para ello se necesita poder político más allá de la propiedad privada y, en la práctica, el reconocimiento internacional es importante. Excepciones históricas como el Estado Libre del Congo de Leopoldo II y Liechtenstein muestran hasta qué punto eran diferentes los sistemas políticos de otras épocas. Las ciudades actuales respaldadas por capital privado siguen sometidas a los Estados existentes.

La empresa que podía dictar leyes

Gran parte de aquel territorio pertenece hoy al estado malasio de Sabah. En el siglo XIX, sus comunidades, gobernantes locales y otros grupos que reclamaban poder no se ponían de acuerdo sobre quién tenía autoridad.

Alfred Dent, empresario británico, y sus socios negociaron concesiones con los gobernantes de Brunéi y Sulú en 1877 y 1878. Posteriormente consiguieron una carta real para la Compañía Británica de Borneo del Norte.

La carta de 1881 parece más un proyecto de gobierno que un documento mercantil.

En virtud de dos concesiones de Brunéi, la carta enumera pagos anuales de 4.000 y 6.000 dólares, en la denominación monetaria de la época. Se pagaba por concesiones concretas, no por comprar un país. El alcance de esas concesiones, especialmente el acuerdo con Sulú, sigue siendo objeto de disputa.

Lo extraordinario eran las facultades políticas que la compañía reclamaba: dictar leyes, recaudar impuestos, emitir moneda y organizar un ejército o una armada. Una de las comisiones otorgadas por Brunéi, recogida en la carta, llegaba a atribuirle poder sobre la vida y la muerte.

La reina Victoria constituyó la compañía mediante carta real en noviembre de 1881. Siete años después, Gran Bretaña firmó con ella un tratado de protectorado.

El acuerdo del 12 de mayo de 1888 describía el territorio administrado por la compañía como un Estado independiente.

Sin embargo, Gran Bretaña controlaba sus relaciones exteriores y le proporcionaba protección frente al exterior. La compañía podía dirigir tribunales y recaudar impuestos, pero no decidir por sí sola cómo relacionarse con el resto del mundo.

Con esas limitaciones, la compañía nombraba funcionarios, cobraba impuestos, administraba tribunales y mantenía fuerzas de seguridad.

Cuando la agricultura y la minería decepcionaron a los inversores, la compañía encontró otra fuente de ingresos: licencias de monopolio para el juego, las bebidas alcohólicas, el opio y las casas de empeño. Los operadores privados pujaban por esos derechos; el gobierno de la compañía cobraba las tasas.

Una empresa comercial vendía así el derecho a explotar casas de juego mientras ejercía las competencias de un gobierno.

Pero sus pretensiones de gobernar y legislar no eran aceptadas en todo el territorio.

Mat Salleh, un líder local con seguidores y ambiciones políticas propias, se convirtió en uno de los rivales más difíciles de la compañía. Las disputas sobre impuestos, autoridad territorial y derechos de los jefes locales desembocaron en un conflicto armado.

El 9 de julio de 1897, sus seguidores atacaron el puesto de la compañía en la isla de Gaya. El asentamiento fue incendiado.

La empresa envió expediciones militares, aunque también hubo negociaciones, acuerdos temporales e intereses enfrentados entre los dirigentes locales.

En enero de 1900, las fuerzas de la compañía sitiaron el fuerte de Mat Salleh en Tambunan, desviaron su suministro de agua y lo bombardearon. Murió el 31 de enero. La resistencia no terminó con él.

El poder militar que figuraba en la carta ya no era solo tinta sobre pergamino. La compañía lo empleaba para imponer y defender su autoridad ante quienes la cuestionaban.

La ocupación japonesa y la Segunda Guerra Mundial dejaron Borneo del Norte devastado. Incapaz de financiar la reconstrucción, la compañía negoció la cesión de sus derechos de gobierno a Gran Bretaña.

Se firmó un acuerdo el 26 de junio de 1946. La orden de cesión hizo efectiva la transferencia el 15 de julio, cuando Borneo del Norte se convirtió en una colonia de la Corona británica.

La compañía cobraría una compensación por ceder los poderes con los que antes había legislado, recaudado ingresos y hecho la guerra.

Los accionistas tenían algo que vender.

En 2022, un árbitro ordenó a Malasia pagar 14.920 millones de dólares estadounidenses a los herederos del sultán de Sulú por la controvertida concesión de 1878. El Tribunal de Apelación de París anuló el laudo en diciembre de 2025 y el Tribunal Supremo español confirmó la condena penal del árbitro por desobedecer órdenes judiciales. Los demandantes no habían obtenido una orden de pago válida por 14.920 millones de dólares estadounidenses. Una concesión de tiempos del imperio seguía provocando, más de un siglo después, una batalla por miles de millones.

Los proyectos actuales son vulnerables por otro motivo. El economista Raymond Vernon llamó a este fenómeno pacto obsolescente (obsolescing bargain): antes de invertir, una empresa puede llevar su dinero a otro lugar; después de construir, gran parte de su capital queda inmovilizado. Eso puede dar más fuerza al gobierno del país receptor. No necesariamente: puede que el Estado siga necesitando la inversión y que incumplir lo pactado tenga consecuencias jurídicas. La clave es quién tiene más que perder.

Una base de cohetes se convierte en ciudad por votación

Elon Musk no necesitó declarar la independencia para crear su ciudad en Texas. La ley de Texas permitía crear un municipio alrededor de la base de lanzamiento de SpaceX.

Boca Chica era una pequeña comunidad costera antes de que llegara SpaceX. Maria Pointer esperaba pasar allí el resto de su vida, según contó al Los Angeles Times en 2019. Al final, ella y su marido vendieron su casa y se marcharon.

En mayo de 2025, SpaceX y sus empleados poseían conjuntamente 237 de los 247 solares residenciales de la ciudad propuesta, según el Houston Chronicle. Después llegó la votación: 212 votos a favor de constituir el municipio y seis en contra. Un análisis de The Texas Newsroom sobre los 283 electores habilitados concluyó que más de tres de cada cinco trabajaban para SpaceX. Se trata de una estimación de cuántos electores trabajaban allí, no de cómo votaron los empleados.

El primer alcalde, Bobby Peden, era vicepresidente de SpaceX. El nuevo municipio creó un tribunal y un departamento de policía. Conforme a la legislación de Texas aprobada en 2025, la Comisión Espacial de Texas podía autorizar cierres temporales de carreteras y zonas costeras con la aprobación de un municipio. Una orden permanente emitida aquel septiembre dio a Starbase la facultad de ejecutar esos cierres por actividades de vuelo espacial, sujeta a requisitos de aviso público, seguridad y otras condiciones legales.

SpaceX siempre había podido controlar sus propias instalaciones. Ahora, el nuevo municipio también podía ejercer potestades públicas. Texas no había concedido soberanía: había creado un municipio sometido a la legislación estatal. La votación no respondió qué habrían querido las familias que ya se habían marchado. Para SpaceX, aquello quizá fuese más útil que una bandera.

Disney invoca a un rey británico en un contrato de Florida

El experimento de Disney, que durante décadas había ejercido influencia sobre un gobierno local, parecía diseñado para durar. Desde 1967, Walt Disney World había ejercido una considerable influencia sobre el Reedy Creek Improvement District, responsable de carreteras, servicios públicos y protección contra incendios, además de recaudar impuestos y emitir deuda.

Pero en 2022 la compañía se opuso a una controvertida ley educativa de Florida y entró en una batalla política con el gobernador Ron DeSantis y los legisladores estatales. Florida decidió sustituir el gobierno del distrito por una junta nombrada por el gobernador.

Antes de que la nueva junta tomara el control en 2023, la anterior aprobó acuerdos favorables a Disney. Una de las cláusulas fijaba un plazo insólito: su vigencia se extendía hasta 21 años después de la muerte del último descendiente superviviente del rey Carlos III que estuviera vivo cuando se firmó. En Borneo del Norte, la carta de la reina Victoria había ayudado a establecer un gobierno empresarial. En Florida, la familia real británica desempeñaba un papel más extraño todavía: servir de reloj para un contrato empresarial.

Pero la maniobra no salvó los acuerdos. En un pacto de 2024, Disney aceptó la postura de la nueva junta de que los acuerdos de última hora eran inválidos. Los parques siguieron abiertos y, posteriormente, las partes negociaron nuevas condiciones de desarrollo. La cláusula podía alargar el plazo. No podía resolver el conflicto político.

Cuando comprar tierras ayudó a crear un Estado

Dos excepciones históricas impiden dar un «nunca» por respuesta. Entre 1885 y 1908, el rey Leopoldo II de Bélgica gobernó personalmente el Estado Libre del Congo, jurídicamente separado de Bélgica. La extracción de caucho y marfil se sostuvo sobre el trabajo forzoso y una violencia brutal; la presión internacional precedió a la anexión belga de 1908. Por su parte, la Casa de Liechtenstein compró Schellenberg en 1699 y Vaduz en 1712. Los territorios se convirtieron en un principado imperial en 1719 y adquirieron soberanía en 1806. La familia principesca aún conserva atribuciones constitucionales. En ninguno de los dos casos bastó una escritura de propiedad para crear un país. El poder dinástico y el reconocimiento de otros Estados fueron decisivos, en un mundo político muy distinto del actual.

¿Quién financia las nuevas ciudades?

Pronomos Capital, fundada por Patri Friedman y respaldada por inversores entre los que figuran Peter Thiel y Marc Andreessen, incluye entre sus inversiones a Próspera y al proyecto de ciudad Praxis. La apuesta consiste en que una autonomía regulatoria negociada atraiga empresas y residentes y eleve el valor del suelo.

La idea del Estado en red (Network State) de Balaji Srinivasan imagina comunidades en línea que adquieren terrenos y buscan reconocimiento. Donald Trump propuso Ciudades de la Libertad (Freedom Cities) en suelo federal; WIRED informó en 2025 de las actividades de presión a favor de las ciudades emergentes. Ninguna de estas propuestas crea por sí misma un país soberano. Lo que sus promotores sí podrían obtener es una mayor facultad de dictar reglas locales dentro de un Estado.

Cuando ni mil millones de dólares bastan para obtener permiso

Con respaldo de Silicon Valley, California Forever ha gastado alrededor de 1.000 millones de dólares estadounidenses en adquirir casi 70.000 acres (aproximadamente 28.300 hectáreas) de terreno para una nueva ciudad y un desarrollo industrial. Sin embargo, el 25 de agosto de 2026, los supervisores del condado de Solano decidieron por tres votos frente a dos, no respaldar una propuesta legislativa, respaldada por la oficina del gobernador Gavin Newsom, que habría agilizado la construcción de un astillero en parte de esas tierras. La propuesta habría permitido utilizar una evaluación ambiental de hacía 18 años en lugar de una evaluación específica y actualizada. Los partidarios querían empleo; los detractores cuestionaban las garantías ambientales y la participación pública. La votación no rechazó todos los posibles planes de ciudad, y California Forever nunca buscó la independencia. Pero la diferencia importa: los inversores habían comprado los terrenos, no el poder de saltarse las decisiones públicas.

Saronic, una posible empresa usuaria del astillero, ya había elegido Brownsville, Texas, cerca de Starbase, el 16 de julio, seis semanas antes de la votación del condado. Por tanto, aquella decisión anterior no puede atribuirse al resultado de agosto. En junio, las autoridades del condado de Cameron, que también incluye Starbase, habían aprobado reducciones del 95 % en el impuesto sobre la propiedad para Saronic en cuatro fases de desarrollo, condicionadas a compromisos de empleo. Cada acuerdo establece su propio periodo de incentivo de diez años; los distintos periodos se extienden de 2029 a 2048, no constituyen una exención fiscal única de 19 años.

En Honduras, Próspera ya tiene residentes

En la isla hondureña de Roatán, Próspera promete, ante todo, un régimen normativo con una autonomía poco habitual. Ha atraído a residentes y empresas dispuestos a vivir y trabajar bajo ese régimen. En agosto de 2026, ABC News Australia informó de unos 200 residentes permanentes, aunque la cifra no procedía de un censo auditado de manera independiente.

Rich Lee, empresario estadounidense dedicado a tecnologías que buscan ampliar las capacidades humanas, se trasladó a Próspera porque consideraba que su entorno regulatorio ofrecía oportunidades difíciles de desarrollar en otros lugares.

A poca distancia estaba Crawfish Rock, una comunidad pesquera asentada allí desde mucho antes.

Venessa Cardenas Woods, cuya familia lleva cinco generaciones viviendo en Crawfish Rock, contó a ABC que Próspera había creado empleo. También había dividido al vecindario: unos acogían bien los puestos de trabajo; otros temían las consecuencias del proyecto para su comunidad.

La disputa ha desbordado el ámbito local. Ahora pone a prueba quién puede prometer a los inversores un régimen propio y durante cuánto tiempo.

Honduras empezó por las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), un régimen de ciudades modelo invalidado por la Corte Suprema en 2012. En 2013 llegó una versión revisada: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Próspera nació bajo el régimen ZEDE, que concedía una autonomía regulatoria excepcional a determinadas áreas. En 2024, la Corte Suprema rechazó las bases constitucionales de ese sistema. Las consecuencias para los acuerdos existentes siguen en disputa.

Tres empresas vinculadas a Próspera han iniciado un arbitraje internacional de inversiones contra Honduras.

Los promotores afirman que se les prometieron décadas de estabilidad jurídica. Próspera sostiene que Honduras está obligada por garantías de al menos 50 años, invocando leyes nacionales y tratados como el CAFTA-DR. Esos son los argumentos jurídicos de los inversores, no una sentencia que declare exigible la garantía. El conflicto se dirime en un arbitraje internacional. Las protecciones de los tratados podrían hacer más costoso para el Gobierno incumplir sus compromisos.

Una reclamación inicial de 10.775 millones de dólares estadounidenses ocupó titulares en todo el mundo. En octubre de 2025, las empresas solicitaban la restitución de los derechos que alegaban tener o, alternativamente, unos 1.630 millones de dólares en indemnizaciones. Hasta octubre de 2026 no se había concedido ninguna de las dos cantidades.

Una de esas demandantes es Próspera Arbitration Center LLC. Al mismo tiempo, el centro se presenta como la institución arbitral a la que se recurre por defecto en los litigios privados surgidos en Próspera, salvo que las partes acuerden otra cosa. Es una coincidencia que merece examinarse: quien ofrece resolver disputas también litiga en un asunto que afecta al futuro jurídico de la zona. El caso contra Honduras lo resuelve un tribunal independiente del CIADI, no Próspera Arbitration Center. Esa doble función, por sí sola, no demuestra parcialidad en ningún arbitraje privado concreto.

¿Qué pasaría si compraras una casa en una ciudad de gestión privada y después perdieras el permiso para vivir en ella? Un contrato modelo de residencia publicado por Próspera en 2024 trata el derecho a vivir allí como una licencia personal. Permite rescindirla sin alegar causa durante el primer año, con un preaviso mínimo de 60 días. Si, además de cumplirse otras condiciones, la persona carece de otra autorización de residencia válida y no prospera su impugnación judicial o arbitral, el texto contempla denegarle el acceso incluso a los inmuebles de su propiedad y, eventualmente, exigir su venta a otro residente autorizado. El importe neto de la venta se devolvería tras descontar costes y deudas pendientes. Así lo prevé un contrato modelo. No demuestra que esa medida se haya aplicado ni que un tribunal hondureño fuera a respaldarla.

Separar la propiedad de una vivienda del derecho a residir en ella no es, por sí mismo, extraño: una persona extranjera puede ser propietaria sin tener el visado necesario para vivir allí. Lo singular de Próspera es cómo se combinan varias funciones. Su acuerdo de residencia atribuye, bajo ciertas condiciones, facultades que afectan al acceso a los inmuebles; Próspera Arbitration Center es el proveedor predeterminado para ciertas disputas privadas y también demandante contra Honduras; y una declaración separada de 2026 intenta limitar la responsabilidad a 100 dólares estadounidenses por reclamaciones de estabilidad jurídica definidas de manera restringida, con excepciones importantes. Mientras tanto, los inversores reclaman al Estado vías de reparación basadas en tratados. La combinación merece un examen atento. Pero los documentos no demuestran ilegalidades, parcialidad en un arbitraje concreto ni que las cláusulas controvertidas puedan hacerse cumplir. Las pruebas se examinan más abajo.

Tras un cambio de gobierno, Honduras volvió a adherirse en agosto de 2026 al Convenio del CIADI, que establece un marco internacional para resolver disputas entre inversores y Estados. La disputa de Próspera seguía sin resolverse.

Los habitantes de las inmediaciones de Próspera también solicitaron ser escuchados en el arbitraje.

En septiembre de 2026, el tribunal admitió las intervenciones de siete representantes de Crawfish Rock, entre ellos Cardenas Woods, junto con la organización garífuna OFRANEH, el Cato Institute y un investigador independiente.

La Orden Procesal n.º 8 limitó cada escrito de las personas o grupos admitidos a 15 páginas. No se convirtieron en partes del procedimiento ni obtuvieron acceso al expediente o a las audiencias.

Cuando el gobierno quiere conservar la excepción

El Centro Financiero Internacional de Dubái funciona desde 2004 con un marco propio de derecho mercantil y tribunales. Abu Dhabi Global Market cuenta con tribunales que aplican el common law inglés desde 2015. Ninguno es un Estado soberano de propiedad privada. Ambos fueron concebidos por gobiernos interesados en atraer actividad económica y beneficiarse de ella.

El Estado puede cambiar las reglas, pero hacerlo podría perjudicar una estrategia de inversión que desea preservar. Eso podría explicar por qué han perdurado, aunque no garantiza que sigan haciéndolo. A diferencia del conflicto de Disney en Florida, aquí el incentivo político es mantener en funcionamiento el régimen excepcional.

Aunque la UNCTAD contabilizó 5.383 zonas económicas especiales en 2018, la mayoría carece de facultades legislativas independientes. Esa cifra no permite calcular una tasa fiable de éxito para gobiernos fundados por multimillonarios.

¿Quién tiene derecho a decir que sí?

Un multimillonario puede comprar tierras y, a veces, negociar facultades extraordinarias. Que esas facultades perduren depende de varios factores. Cuando el capital queda inmovilizado, el Estado puede ganar fuerza frente al inversor. Un cambio político brusco puede deshacer décadas de acuerdos, como comprobó Disney. Un gobierno que obtiene beneficios de un régimen excepcional puede optar por protegerlo, como en Dubái. Las reclamaciones arbitrales de Próspera buscan elevar el coste de dar marcha atrás. El litigio de Sulú es distinto: las viejas concesiones pueden originar batallas jurídicas mucho después de la desaparición de los gobernantes que las firmaron.

Pero hay dos preguntas distintas: ¿puede el Estado soberano cambiar las reglas? ¿Y quién pudo opinar cuando se concedieron esas facultades?

En Borneo del Norte votaron los accionistas. En Starbase, más de tres de cada cinco electores habilitados trabajaban para SpaceX. En Crawfish Rock, siete representantes de la comunidad pudieron presentar un escrito de quince páginas.

Un multimillonario puede comprar la tierra. Un Estado puede estar dispuesto a concederle poder para gobernar. Ninguno de los dos puede garantizar el consentimiento de quienes ya vivían allí.